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Diccionario de Derechos Humanos - Ver 1.0

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Voces en Derechos Humanos

  • Término: PARLAMENTO


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    Autor: José Tudela


    Fecha de publicación: 05/08/2011 - Última actualización: 05/08/2011 16:40:06


    I.          INTRODUCCIÓN. La que sigue no puede ser sino una reflexión marginal y, como mucho, parcial. El título que encabeza estas líneas no permite otra cosa. Las relaciones entre los DERECHOS HUMANOS y la institución parlamentaria son múltiples y complejas, siendo difícil no sólo examinarlas en su totalidad, algo materialmente imposible en el espacio que se dispone, sino simplemente acertar a realizar una síntesis suficientemente significativa de las cuestiones más relevantes que subyacen al enunciado escogido.

    En un tiempo social y político en el que la teoría y praxis de los derechos se ve abocada a nuevos e importantes retos, detenerse a reflexionar cuál es el lugar que corresponde en el debate que se anuncia a la institución representativa por excelencia, parece parada obligada. Sin embargo, como en relación con otros muchos temas, la posición del Parlamento es marginal. Si esa marginalidad general resulta relevante, incluso hasta grave, para un adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, la ajenidad del Parlamento de la discusión sobre los derechos humanos es, simultáneamente, un grave problema en sí mismo y un síntoma de disfunciones más profundas.

    Entiéndase que no se hace referencia a los avatares más cotidianos de esos derechos. Éstos, en buena medida, se encuentran necesariamente en la agenda parlamentaria, ya que el Parlamento legisla y controla sobre ellos. Cuando se denuncia la ausencia de los derechos y libertades en la institución parlamentaria se está aludiendo a la carencia de una reflexión generalista, más aparentemente teórica, pero de indudable transcendencia práctica. Se trata de que la visión cotidiana de los árboles no impida ver la situación global del bosque.

    El Parlamento nace de un derecho, el de PARTICIPACION política, y, en su trabajar, los diputados proyectan numerosas manifestaciones de ese derecho. En el ejercicio de sus funciones, realizan un ejercicio continuo del haz de manifestaciones que ofrece el derecho de participación política a los miembros de una institución representativa. Junto a ello, no resulta exagerado decir que el Parlamento es hermano de sangre de la misma ideología que sostiene el reconocimiento de los derechos y libertades, es decir, de la ideología constitucional. Parlamento y derechos se unen en la esencia de la ideología democrática y ciudadana. El control del poder, el reconocimiento del mismo como expresión de la voluntad popular y la consideración del ciudadano como sujeto inalienable de derechos y libertades, fuente última de toda legitimidad, son elementos vertebradores de la ideología constitucional en los que Parlamento y derechos coinciden (DEMOCRACIA).

    El desarrollo de estas ideas, más bien el retorno a la reflexión sobre las mismas, se antoja tarea necesaria para el Parlamento y para los derechos; en fin, tarea necesaria para el perfeccionamiento del funcionamiento actual del sistema democrático. Mas las circunstancias propias del tiempo presente hacen insuficiente la que podría denominarse reflexión clásica sobre el Parlamento y los derechos. Hoy resulta obligado ir más allá. Por el Parlamento y por los derechos. Uno y otros se encuentran ante retos que hace apenas veinte años no podían ser siquiera intuidos. Casi cada día, nuevos hechos sacuden la realidad sobre la que se ha cimentado la teoría clásica. Es cierto que en buena medida no se llega a afectar al nervio ideológico de la misma. Pero no es menos cierto que no se trata de incidencias anecdóticas o superficiales. Los cambios sociales y culturales acaecidos en los últimos años son, innecesario es decirlo, muy relevantes. Y de forma obligada han de repercutir en la teoría y praxis de nuestro sistema político. Parlamento y derechos como dos de los pilares fundamentales del mismo se ven afectados y no en pequeña medida.

    En un momento de tránsito, confluyen en este punto dos reflexiones: renovación del Parlamento y renovación de los derechos. La renovación de la institución parlamentaria es desde hace tiempo una tarea pendiente. Las referencias a su crisis son tan antiguas que comienzan a resultar cansinas. Pero la realidad es terca y cualquier espectador avezado de la vida parlamentaria descubre en la misma una serie de insuficiencias que la lastran en exceso. El Parlamento no ha cambiado su funcionamiento en la misma medida que ha cambiado la sociedad y otras instancias políticas y ello necesariamente conlleva un peligroso anacronismo. Diferente pero con significativas coincidencias es la situación de los derechos y libertades. De nuevo, los cambios sociales obligan a formular nuevas preguntas y a reconsiderar paradigmas clásicos. Nuevas exigencias, nuevas demandas, nuevas necesidades, hacen necesaria la reflexión sobre los derechos existentes y sobre la posible formulación de otros nuevos que respondan a esas exigencias. Por otra parte, no sólo el contenido o formulación de nuevos derechos se asoma como reto apasionante. Elementos fundamentales de su teoría general como la titularidad, protección o relación con el estado-nación, requieren de reflexión.

    Pero si ninguna reflexión puede realizarse fuera de contexto, la que hace referencia a la relación entre el Parlamento y los derechos humanos, menos aún. Los retos enunciados son universales. Allí donde exista una Parlamento, deberá responder de las demandas que hoy nacen desde los derechos. Pero existen retos singularizados, retos directamente referidos a las condiciones de cada País y entorno cultural, social y económico. Desde esta perspectiva, tampoco es posible referirse de manera general al Parlamento y los derechos en el ámbito latinoamericano. Cada País es un mundo en sí mismo y plantea demandas diferentes. El nivel de efectividad, incluso de reconocimiento, de los derechos es, necesariamente, diverso. Ahora bien, es posible generalizar de manera casi universal la necesidad de reafirmar el reconocimiento y efectividad de los derechos como presupuesto de cualquier desarrollo económico y social, así como de la necesaria consolidación democrática. De esta manera, en Latinoamérica, la labor de los parlamentos en relación con los derechos cobra una especial dimensión. Una dimensión que se proyectará con especial fuerza sobre los DERECHOS SOCIALES como requisito imprescindible de la tan necesaria mejora en las condiciones sociales y redistribución de la riqueza. Al respecto, los parlamentos tienen un amplio margen para desarrollar una política activa en este campo.

     

    II.       LOS DERECHOS Y LIBERTADES EN LA AGENDA DEL PARLAMENTO. Junto a la necesaria visión del parlamento como derecho, de los ciudadanos y del diputado, resulta forzoso preguntarse por la presencia de los derechos y libertades en el quehacer cotidiano de la institución. En un primer momento, puede sorprender esta cuestión. Normalmente, los derechos se relacionan con el poder ejecutivo o con el judicial. La relación con el legislativo se limitaría a su formulación. Los derechos y libertades exigen para su desarrollo la aprobación de una ley (RESERVA DE LEY). Una vez aprobada la misma y enunciado su correspondiente régimen jurídico, la relación del Parlamento con los mismos pasaría a ser marginal.

    Dos son las perspectivas necesarias a abordar. Por una parte, el papel del Parlamento en relación con la elaboración y formulación legislativa de los derechos y libertades, especialmente en un momento de tránsito social e institucional como el presente. Por otra, la relación que el Parlamento mantiene con los derechos una vez legislados. Habría que preguntarse por los límites de la marginalidad anteriormente citada. Preguntarse por el poder hacer del Parlamento en beneficio de esos derechos y libertades.

    Como se ha indicado, en una perspectiva clásica, la presencia de derechos y libertades en la agenda parlamentaria se circunscribe básicamente a la aprobación de las leyes correspondientes y, en todo caso, a su aparición, normalmente indirecta, ligada a la función de control.

    Junto a ello, los derechos están presentes en las comisiones permanentes. En este sentido, es habitual en casi todos los parlamentos latinoamericanos que una Comisión se dedique específicamente a los derechos humanos, bien en exclusiva bien compartiendo con otro tema relacionado. En algunos casos, como la Asamblea Nacional del Ecuador, el mapa de Comisiones refleja con claridad la evolución en la concepción de los derechos. Así, en este Parlamento existen Comisiones como la de Participación ciudadana y control social; la de Derechos colectivos comunitarios y la interculturalidad; o la de Derechos de los trabajadores y seguridad social. Junto a las comisiones más especializadas en relación con los derechos, existen, claro está, comisiones referidas a derechos como educación o salud en la totalidad de los parlamentos.

    Una cuestión que merece un comentario singular es la relación entre el DEFENSOR DEL PUEBLO y los parlamentos. Es una relación que varía en función de cada Parlamento, pero es habitual que desde el nombramiento exista una importante vinculación entre estas dos instituciones. Pero, normalmente, el Parlamento, lejos de extraer de la relación con la Defensoría todas las posibilidades que le facilitarían desarrollar una acción cualitativa a favor de los derechos, suele contemplar su relación con la citada institución en clave de control del Gobierno, cuando no se cae en una rutina cercana a la indiferencia. Así, no resulta osado decir que, en general, los distintos parlamentos no extraen de la labor de estas instituciones, y muy en particular de sus informes, ordinarios o extraordinarios, todo el partido que podrían obtener.

    Ambas instituciones, las Comisiones parlamentarias y las defensorías en su relación con el Parlamento, merecen una atención detenida que no resulta posible prestar en estas páginas. Pero el bajo perfil que en demasiadas ocasiones ocupan en la agenda parlamentaria, la no búsqueda por los parlamentos de nuevas formas de relación con las defensorías del pueblo que les permitiese tener un mayor protagonismo en la defensa de los derechos y libertades, son síntomas elocuentes del problema que se denuncia. De alguna manera, la sensación dominante es que una materia tan significativa social y políticamente, necesariamente parlamentaria, se aleja de la Institución porque, normalmente, no va a ser eje de las grandes batallas políticas. Precisamente, sólo cuando den lugar a la dialéctica crítica entre partidos, los derechos ocuparán una posición de relieve en la agenda parlamentaria. 

    Ahora bien, en la actualidad la reflexión sobre la relación entre Parlamento y derechos no puede limitarse a lo anterior. El cambio social, cultural y económico en gran medida impulsado, si no motivado, por el desarrollo tecnológico, obliga a realizar una reflexión de alcance sobre los derechos humanos y libertades públicas, sobre su correspondencia con las características de la nueva sociedad. Así, se observa cómo los derechos tradicionales se enfrentan con nuevos retos y situaciones desconocidas. Junto a ello, surgen nuevas demandas que pueden exigir respuesta desde la teoría y praxis de los derechos. Es necesario volver a pensar sobre los derechos. Sobre los conocidos y sobre los desconocidos. Para el Parlamento ésta debiera ser una tarea prioritaria. En realidad, se trata de un privilegio aportado por el tiempo histórico. Tener la oportunidad de examinar con parámetros necesariamente nuevos los derechos y libertades tradicionales y pensar cómo responder desde la ideología de los derechos, que es la misma que da razón de ser al Parlamento, a las exigencias ciudadanas del nuevo modelo social, resulta un reto apasionante. De hecho, pocos instrumentos pueden resultar más útiles para la necesaria corrección de los desajustes, injusticias y problemas originados por los cambios en ciernes que los derechos y libertades.

    En cualquier caso, los derechos y libertades deberán servir a los fines que siempre han sido su razón de ser. Junto a ello, pero sin excluirlos, emergerán nuevos fines y objetivos que serán los que en buena medida definan la etapa histórica que se abre ante los derechos y libertades. Así, en la sociedad de la globalización y de la glocalización, en la sociedad compleja y heterogénea, deberán servir a la integración y cohesión social y servir a la consecución de un modelo equilibrado de desarrollo. En este sentido, un reto especialmente significativo y de larga transcendencia política será el de la IGUALDAD. La igualdad ha atravesado la historia política de la humanidad. En el conjunto de transformaciones descrito, la igualdad resulta seriamente damnificada. Lograr el mantenimiento de los parámetros de igualdad conocidos es un reto al que debe servir la teoría política de los derechos y libertades. Pero primero es preciso ser plenamente conscientes de los desafíos a los que se enfrenta la idea de igualdad. Tanto para ello como para el diseño de la respuesta, el papel del Parlamento debiera ser relevante.

    Precisamente, de acuerdo con lo señalado anteriormente, la igualdad debiera ocupar un lugar preferente en la lucha de los parlamentos latinoamericanos por los derechos humanos. Una igualdad no sólo plenamente compatible con la libertad y consolidación democrática, sino presupuesto de la misma. La desigualdad es reto fundamental de las sociedades latinoamericanas y todo hace indicar que la dificultad del reto se ha de incrementar en los próximos años. Así, si alguna peculiaridad puede tener el trabajo de los parlamentos latinoamericanos en relación con los derechos humanos, ésta será la relevancia que la proyección de la igualdad sobre los mismos debiera adquirir.

    Parlamento es el foro más adecuado para la renovación de los derechos humanos. Por PLURALISMO, deliberación y publicidad, el Parlamento es un espacio privilegiado para este debate. Desde luego, no se trata de reclamar ningún monopolio. Al revés, el propio Parlamento debe procurar extender el debate a la sociedad. Precisamente, una de sus tareas fundamentales es impulsar el debate social sobre esta cuestión, llamar la atención de los ciudadanos y de los colectivos sobre la necesidad de reflexionar conjuntamente. El protagonismo del Parlamento debe derivar de su condición de espacio común de las distintas sensibilidades políticas y representante último de la colectividad.

     

    III.    LOS DERECHOS EN LA RENOVACIÓN DEL PARLAMENTO. La reflexión sobre la relación entre los derechos y libertades y el Parlamento admite otra perspectiva de indudable interés. Aun pudiendo ser diferente el diagnóstico en cuanto a la gravedad y divergente, casi radicalmente, la apreciación sobre las causas, lo cierto es que, como se decía en su momento, son pocos los que dudan que el Parlamento actual es una institución débil, dañada por el paso de los años y necesitada de una renovación.

    Llegados a este punto, surge la pregunta de qué tiene que ver todo ello con los derechos y libertades. Para responderla, otro interrogante puede ser de utilidad ¿Qué tiene que hacer el Parlamento para comenzar a cambiar? ¿Qué tiene que hacer para comenzar a interesar a los ciudadanos, para convertir en pasado su lejanía actual? Una de las respuestas más comunes a esta pregunta es la que remite a los temas que se discuten en sede parlamentaria. Así, se reitera, el Parlamento debe cambiar su agenda, debe prestar atención prioritaria a aquellas cuestiones que más interesan y más personalmente a los ciudadanos y hacerlo de una manera pedagógica. Aquí es donde surgen los derechos y libertades y donde comienza la relación entre éstos y la renovación de la institución. Si el Parlamento, en virtud de lo señalado anteriormente, comienza a delinear un debate sobre los derechos y libertades y es capaz de transmitirlo con eficacia a la ciudadanía, ganará en credibilidad y legitimación.

    Desde esta posición, derechos y libertades como instrumentos para el cambio de la agenda parlamentaria, han de ser un instrumento útil de renovación parlamentaria. Para alcanzar los objetivos deseados será preciso modificar la forma de realizar el debate y, especialmente, la relación con la sociedad. Los ciudadanos no pueden seguir siendo meros sujetos pasivos del debate parlamentario. Las nuevas tecnologías (INTERNET) permiten su incorporación al mismo, pudiendo modularse ésta de maneras diversas.

    Las sociedades contemporáneas, y las latinoamericanas no son una excepción, muestran un grado elevado de escepticismo en relación con la política cuando no directamente de desafección y rechazo. Los partidos y los políticos en negativo. Las instituciones merecen un juicio negativo. El Parlamento, a pesar de su prestigio y de su gran valor simbólico, no escapa a esta tendencia. Además, los ciudadanos no alcanzan a ver su utilidad. Entienden que lo que se discute en los hemiciclos y comisiones es de interés exclusivamente para los políticos. Los derechos humanos, la introducción de los derechos humanos en la agenda parlamentaria de una manera real y efectiva y su adecuada transmisión a la sociedad puede ser un instrumento idóneo para revertir esta tendencia. Ello exige sabiduría en la elección y desechar el camino fácil de las falsas promesas. En América, el territorio de los derechos es especialmente fértil para que los ciudadanos comprueben que la primera de las instituciones representativas sirve con especial dedicación a sus intereses.

     

    IV.    A MODO DE REFLEXIÓN FINAL. En el escenario de la teoría y praxis política contemporánea convergen dos debates que pueden y deben confluir: el de la renovación de la institución parlamentaria y el de la renovación de los derechos y libertades En ese escenario, el papel del Parlamento viene, por una parte, determinado por su naturaleza plural, pública y deliberativa; por otra, por la primacía contemporánea de la idea de control.

    El Parlamento nace de los derechos y es derecho y libertad. Lo fue en sus orígenes, lo es en la actualidad y deberá seguir siéndolo si se desea la vigencia de los valores que lo vieron nacer. Los valores permanecen pero las formas de servirlos necesariamente han de cambiar. Y no lo han hecho. Al menos, no lo han hecho en la medida de lo deseable. Hoy es lugar común afirmar que el parlamento necesita  renovar su ser y con ello servir más eficazmente al compromiso que es su razón de ser.

    En esa tarea, la relación con los derechos y libertades ha de verse como una retroalimentación continua. El Parlamento ha de ser el primer instrumento y espacio político para la renovación de los derechos y éstos son el mejor instrumento para concretar las premisas teóricas de su renovación. Esta confluencia desde la necesidad y desde la ideología no es casualidad. Traduce el reto fundante del Estado constitucional. Porque las circunstancias cambian pero las necesidades primarias no. En el fondo, no se trata sino de actualizar el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, dar en el nuevo orden social, político, económico, cultural y tecnológico pleno sentido a la división del poder y a la declaración de derechos, en última instancia al estatus de ciudadano

    Ello sólo puede hacerse con las debidas garantías en y desde la institución parlamentaria. Sólo el Parlamento puede afrontar adecuadamente este reto. Pluralismo, deliberación y publicidad emergen desde su antigüedad como las características más modernas y potentes del Parlamento. Son estas notas las que lo diferencian y le otorgan un papel a la vez singular y necesario en cualquier organización política que quiera responder a los valores democráticos. Son notas esenciales para el debate exigido por los derechos y libertades en los actuales tiempos de cambio. Desde ellas, el poder público podrá aproximarse a dar a los ciudadanos la respuesta que necesitan a los nuevos retos políticos. La transcendencia del debate y su capacidad para renovar la propia institución parlamentaria hace pensar que, en buena medida, será en el mismo donde el Parlamento ha de construir su futuro.

     

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